Violencia territorial hacia las comunidades indígenas de Córdoba

Comunidades indígenas de Córdoba realizaron hoy una conferencia de prensa para visibilizar y denunciar las múltiples situaciones de violencia que se viven en sus territorios. Desalojos de tierras, violencias de género, amenazas de muerte, usurpaciones, robo de animales y proyectos mercantiles en sitios sagrados son las manifestaciones de la violencia territorial que viven muchas comunidades y que se incrementó durante la pandemia.

Por Redacción Enfant Terrible |

🕒 3 minutos de lectura

Las comunidades indígenas de Córdoba organizaron hoy una conferencia de prensa para denunciar los agravios y violencias que están viviendo en sus territorios. El encuentro se realizó a través del Canal de Youtube del Museo de Antropología de Córdoba y contó con la presencia de numerosas comunidades de la provincia.

La conferencia fue convocada por la Comunidad Comechingón Pluma Blanca (El Manzano-Candonga – Dpto. Colón), Comunidad Ticas (Bialet Massé – Dpto. Punilla), Comunidad Camiare Canchira (Salsipuedes – Dpto. Colón),  Comunidad Rural Arabela (Paraje Dolores San Esteban – Dpto. Punilla), Comunidad Tay Pichin (San Marcos Sierras – Dpto. Cruz del Eje), Comunidad Camiare Henen Timoteo Reyna (Cosquín, Santa María de Punilla y Villa Cerro Azul – Dpto. Punilla y Colón), Comunidad La Unión (Paraje Santa Teresita – Dpto. Pocho) y Comunidad Ranquel Ramón Cabral “El Platero” (Del Campillo – Dpto. Gral. Roca).

Foto de la Comunidad Ticas

Son múltiples las situaciones de violencias, usurpaciones y amenazas que viven las comunidades de Córdoba. La violencia territorial que atenta contra los derechos de los pueblos originarios, se incrementó en el tiempo de pandemia. Actualmente son 7 comunidades las que transitan por situaciones críticas :

La violencia territorial no es reciente pero que se ha acrecentado producto de la pandemia y a raíz de la especulación inmobiliaria y negocios extractivistas, los incendios, la actividad extractivista de las canteras, usurpaciones y barrios cerrados, y la ausencia de políticas públicas y voluntad política de juzgados, municipios y comunas para hacer valer los derechos sancionados en la Constitución Nacional y el derecho indígena.

"Estamos pagando pastos para los caballos, porque nos usurparon las tierras" comenta Sergio Espíndola de la comunidad de Canchira de Salsipuedes. Este territorio se ve afectado por una red de estafadores y usurpadores que han despojado tierras a la comunidad, empobreciendo y poniendo en riesgo la integridad psico-física y la subsistencia familiar. A su vez, la Comunidad Pluma Blanca denuncia persecuciones y violencia, balazos en las casas de la comunidad, matanza de animales, corte de alambres, amenazas y graves violencias hacia las mujeres desde hace no menos de 8 años.  

Fotografía Comunidad Ticas

La Comunidad Ticas de Bialet Massé, resiste desde hace una década al avance del desarrollismo y la venta de tierras propias: "Hoy están violentando a campesinos y campesinas, a propietarios y poseedores, a vecinos todos y a nuestra reserva Indígena natural y cultural, bajo fuego, desmonte, merodeo, turbaciones, violencia hacia las mujeres y la niñez, usurpaciones y amenazas de muerte. El objetivo es lotear tierras de alta protección, arqueológica y de bosque, en zonas importantes de amortiguación y de cuencas de agua, sin ningún tipo de habilitación, ni titularidad".

La comunidad de Tay Pichin (San Marcos), la Comunidad Camiare Henen Timoteo Reyna (Cosquín, Santa María de Punilla y Villa Cerro Azul) y la Comunidad Ramón Cabral “El Platero” se encuentran defendiendo sus sitios sagrados - arqueológicos y espacios culturales frente al desarrollo inmobiliario y proyectos municipales. La Comunidad Rural Arabela (Paraje Dolores- San Esteban) resistió dos desalojos y mantienen el peligro latente de uno nuevo.

Si bien la violencia asume características particulares en cada territorio, posee un gran denominador común: el avance del modelo extractivista de la mano de proyectos privados, estatales y la inacción de la de la Justicia para garantizar el cumplimiento de tratados internacionales, leyes nacionales y provinciales en materia de comunidades indígenas.

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