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Chaco: legitimando la violencia y el racismo institucional

Los cuatro policías que torturaron a la familia perteneciente a la comunidad Qom el 31 de mayo pasado recibieron prisión domiciliaria. Fueron detenidos por vejaciones agravadas con allanamiento ilegal y acusados por privación ilegítima de la libertad, torturas y apremios. A pesar de la gravedad de los cargos la Fiscalía Especial en Derechos Humanos de Chaco decidió beneficiarlos con prisión domiciliaria. Nuevamente la violencia institucional se auto-legitima perversamente invisibilizando el racismo estructural que ordena nuestra sociedad

Por Mati Inti para Enfant Terrible

En un contexto donde el racismo se significa de manera estructural, y los colectivos sociales imponen en las calles sus reclamos y manifiestos. El fiscal coordinador Sergio Cáceres Olivera y la fiscal Lilian Irala, subrogante de la Fiscalía Especial Penal de Derechos Humanos de Chaco, dictaron prisión domiciliaria a los policías de la comisaría tercera de Fontana, acusados de vejaciones y allanamiento ilegal en el domicilio de una familia qom en el barrio Banderas Argentinas, cercano a Resistencia. Los imputados son los policías Cristian Flores, Orlando Cabrera, Cristian Foschiatti y Cristian Benítez.

La defensa de los acusados alegó que los uniformados acusaban problemas de salud, por lo que era peligroso estar en un calabozo en plena pandemia, dictaminando la fiscalía los beneficios tras  alegar que día atrás en Chaco se conoció la primera muerte de un policía por COVID-19, siendo además una de las provincias más afectadas.

La impunidad institucional es racista y legitima el uso de violencia policial

Al cabo Flores le otorgaron la prisión domiciliaria porque “padece una fractura en el tobillo” y tiene que hacer reposo. El sargento Benítez “sufre de asma e hipertensión” por lo que debe hacerse “nebulizaciones para el control del broncoespasmo en episodios agudos, tratándose de patologías de tratamiento crónico y ambulatorio; considerándose de riesgo frente al covid”. Lo mismo sucede, según el dictado, con el oficial subayudante Foschiatti.

El agente Cabrera que, según se expresa, “no forma parte de grupo de riesgo frente al COVID- 19, cabe considerar que la situación sanitaria se está agravando en la región, siendo la provincia uno de los puntos más críticos de todo el país, por lo que este Ministerio Público entiende que, en este caso concreto, corresponde también realizar una morigeración de la detención”.

Los policías les gritaban "indios infectados" mientras los torturaban

La violencia institucional se encuentra legitimada y avalada por las autoridades locales, históricamente en nuestra nación imaginariamente blanca, europeizante, letrada y civilizada, sustentando que estos agentes imputados de las fuerzas policiales, son los que deben y pueden acceder a privilegios y beneficios, que otros privados de libertad no, que otras comunidades y que otras personas, no deben y no pueden.

Los uniformados ingresaron a la fuerza a la casa de Elsa Fernández, golpearon a sus hijos y sobrino, secuestraron a los cuatro jóvenes, a pesar de que entre ellos había una menor de edad, de la que abusaron sexualmente. Pasaron dos semanas hasta que los policías fueron detenidos. Les quitaron la insignia policial y el arma reglamentaria pero permanecieron en sus casas, mientras otros agentes de la comisaría rondaban por el barrio Qom, en Fontana, amedrentando a los testigos del brutal ataque de la madrugada del domingo 31 de mayo.

Este 24 de junio, a pesar de la denuncia del Comité de Prevención de la Tortura de Chaco, con el aporte de las pruebas de la Mesa Multisectorial Feminista (MMF) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), a pesar de que la querellante secretaría de Derechos Humanos provincial que había pedido la detención de los uniformados, este 24 de junio, la fiscalía penal determinó otorgar a los policías imputados en el ataque la prisión domiciliaria.

Redacción Enfant Terrible

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