Estado de sitio en Cuesta del Ternero para cazar mapuches

Desde hace casi 10 días, la comunidad mapuche del Lof Quemquemtreu sufren una persecución desmedida por parte de la Policía de Río Negro, avalada por la Gobernadora Arabella Carreras, la fiscal Jefe de Bariloche Betiana Cendón y el juez Ricardo Calcagno. Mientras las fuerzas federales impiden el ingreso de alimentos y abrigos para la comunidad, utilizan como centro de operaciones la Escuela Intercultural 211 'Lucinda Quintupuray', cuyo nombre corresponde a la antigua propietaria de estas tierras.

Por Redacción Enfant Terrible |

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Fotos: Rox Sposaro

Han pasado casi 10 días desde que el pasado 27 de septiembre, la Policía de Río Negro empezó un sitio sobre la Lof Quemquemtreu, en Cuesta del Ternero, Río Negro, para desalojar el territorio mapuche recuperado. La zona está militarizada por las fuerzas de choque y la montada, con el Destacamento Nº 12 delimitando una línea infranqueable de uniformes, escudos y escopetas, que no dejan pasar a nadie ajeno al operativo.

En el día de ayer la Gobernadora Arabella Carreras anunció que solicitaría el apoyo de fuerzas federales para fortalecer a la policía y a la fuerza especial COER (Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate). Si bien el pedido fue denegado por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, fue un mensaje del Ejecutivo provincial avisando que no cesará la represión.

“Mientras tanto la policía de Río Negro monta tiendas de campaña al mejor estilo de la conquista genocida”

Rox Sposaro, fotoperiodista presente en el acampe

Mientras los uniformados cazan mapuches por las montañas patagónicas, el juez de Garantías de Bariloche Ricardo Calcagno rechazó el pedido realizado por la comitiva integrada por la Coordinadora Parlamento Mapuche, el CODECI, el Consejo de Participación Indígena y la APDH, para que se permitan ingresar al territorio alimentos y ropas para sobreponerse al frío -ya al comienzo de la represión, la policía se llevó las pertenencias de la comunidad.

“Ni en Guantánamo le prohiben pasan la comida y la bebida a un detenido”, expresaba hace unos días Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza en diálogo con Antena Libre 89.1, refiriéndose al grave accionar de la fiscal Jefe de Bariloche Betiana Cendón y el juez Ricardo Calcagno al denegar el pedido.

El mismo 27/09 cuando comenzó la represión, al frente del Destacamento se montó un acampe humanitario en solidaridad y alerta por la situación. A metros, mapuches y no mapuches se miran cara a cara con los winkas de uniforme desde hace días. Aquí se realizan trawn (asambleas) para compartir miradas y estrategias

Cuantas más personas se acercan, más policía llega, como sucedió el pasado sábado 20/09 cuando una caravana de autos llegó desde El Bolsón en apoyo al Lof.

Territorio mapuche, usurpado

Cuando comenzó la represión, la policía tomó posesión de la Escuela Intercultural 211 para utilizarla como centro de operaciones. Según Nómadas Comunicación Feminista, la institución se encuentra cerrada por las fuerzas que niegan la circulación en el paraje a docentes que intentan acercar tareas a estudiantes, como hacían durante el aislamiento por la pandemia del COVID.

Como si fuera una paradoja, esta institución está bautizada con el nombre de Lucinda Quintupuray, antigua dueña del territorio que se disputa desde el 18 de septiembre, cuando inició la recuperación territorial mapuche por encontrarse “deshabitado hace más de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos”.

En 1999, Lucinda fue encontrada muerta a balazos en su cama, y su hijo Victorino tuvo después el mismo final. Quintupuray era presionada por el lobby forestal, el mismo que consiguió el desalojo de la abuela Odelina de la comunidad Pichún.

Diecinueve (19) años después los asesinatos de Lucinda y Victorino no han sido esclarecidos, pero en aquel entonces, sus tierras fueron asignadas al empresario Rolando Rocco por el Servicio Forestal Andino. Fue Rocco quien inició la denuncia contra la comunidad Quemquemtreu para que sea desalojada, ya que el respeto por los derechos ancestrales se interpone con su negocio maderero, el cual se ha solventado talando bosque nativo y suplantándolo por pinos.

La situación demuestra que tanto el Poder Judicial provincial, así como la Gobernadora Arabela Carreras, violan el artículo 75 de la Constitución Argentina, que en su inciso 17 vela por el respeto de la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas. Lo mismo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que también reconocen los derechos de pueblos indígenas y tribales.

El linaje de la Campaña del Desierto sigue sobreviviendo al paso del tiempo, con un genocidio estatal para el reparto de tierras. Mientras tanto, los grandes terratenientes de La Patagonia como los Benneton o Lewis, gozan de impunidad al sur del territorio argentino, territorio mapuche usurpado.

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Redacción Enfant Terrible

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