Informe Antirrepresivo 2021: cárceles, gatillo fácil y una muerte cada 17 horas

La Coordinadora contra la represión estatal e institucional (Correpi) presentó el Informe Antirrepresivo 2021 en su 26° actualización, "30 años en las calles contra la represión", junto a la "Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2021". En el mismo consignan que “las muertes en lugares de detención y el gatillo fácil son las principales causas de asesinatos estatales, con casi el 70% y el 22% respectivamente”.

Por Redacción Enfant Terrible |

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En el informe plasman la necesidad de "retroceder un capítulo" recordando que las políticas represivas que llevan a estas principales consecuencias se profundizaron durante el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, que culminó con con 1923 casos durante ese período de gestión, “los peores números desde el regreso de la democracia”.

Se trata entonces, de uno de los gobiernos más represivos de la historia argentina que llegó a legalizar el gatillo fácil y la llamada 'Doctrina Chocobar' con la resolución 956/2018.

Durante la gestión de Alberto Fernández, si bien se avanzó con la derogación de distintas iniciativas represivas como la Resolución 598/2019 que creó el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” a cargo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), o la Resolución 395/2019 que aprobó el uso de las picanas Taser y de la Resolución 932/2019 que creó el “Centro de Formación de Gendarmes” en la Unidad Turística Chapadmalal, no se accionó para revertir las detención arbitrarias o el uso del armas reglamentarias fuera de servicio.

La pandemia represiva: centros de detención como principales focos de muerte

Por su parte, el archivo de casos de personas asesinadas por el estado de 2021 constata dos principales causas de asesinato, que se cobran la vida de una persona cada 17 horas: estar en un calabozo y el gatillo fácil. Este aumento se agravó durante la pandemia, que golpeó sobre todo a las personas en contextos de detención, espacios que en su mayoría se encuentran cada vez más colapsados y en deterioro.

“De los 537 casos de 2020, son muertes en cárceles y comisarías el 71,5% (384), y de los 417 casos de 2021, el 65,5% (273). Aunque no todas las muertes fueron por COVID-19, esto comprueba el impacto brutal que tuvo la falta de políticas adecuadas para proteger a la población carcelaria frente a la pandemia”.

Que las instituciones de detención sean los principales perpetuadores de tortura y muerte en los últimos dos años, desplaza al resto de las fuerzas de seguridad en como responsables de la cantidad de casos. De esta manera los servicios penitenciarios acumulan mayoría con casi el 60%, seguidas por las policías provinciales con casi el 30%. La policía de la Ciudad de Buenos Aires es la más representativa, ya que quintuplicó su incidencia y es la más letal en relación a la cantidad de efectivos (25.000).

“Las muertes en lugares de detención y el gatillo fácil son las principales causas de asesinatos estatales, con casi el 70% y el 22% respectivamente”.

“Aun sin haber terminado el año, y sin contar con la información oficial completa de muertes en unidades penitenciarias federales y provinciales y comisarías, que se publicará en el curso del año que viene, registramos 273 muertes bajo custodia en 2021, de las cuales 53 ocurrieron en comisarías, y 220 en cárceles”.

Represión a la juventud, mujeres y disidencias

Tal como se denuncia en movilizaciones históricas como la Marcha de la Gorra en Córdoba (y que se ha extendido a otros puntos del país) el sector juvenil continúa siendo el más afectado, al evidenciar que el 40% de los casos corresponde a la franja etaria de 15 a 25 años.

Por otro lado, los femicidios de uniforme son la primera causa de muerte de mujeres y disidencias sexuales a manos del aparato represivo estatal.

“En el caso de las personas trans y travestis, encontramos la gran dificultad de que, en los reportes oficiales, especialmente de personas muertas en lugares de detención, pero también en casos de fusilamientos, se consignan los nombres de los documentos de identidad. Así, aunque sabemos que son más, sólo parecen registradas como tales 11 casos de transfemicidios y travesticidios cometidos por miembros de las FFSS”.

Un dato preocupante es “el notable incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años, nos llevó a comparar nuestros datos con las estadísticas generales de femicidios. Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2021, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria”.

Terciarizar la represión

Un hecho inédito que destaca el Informe es la muerte de Elías Garay en el territorio mapuche de Cuesta del Ternero, Río Negro, donde la Lof Quemquemtreu inició un proceso de recuperación del espacio ancestral. Este suceso “constituye la primera muerte en el marco de un conflicto social, bajo la modalidad de la tercerización de la represión” en complicidad directa con las FFSS provinciales que mantienen un sitio en el lugar.

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