Tres años sin justicia para Rafael Nahuel

El pasado 25 de noviembre se cumplieron tres años del asesinato de "Rafa" Nahuel, un joven mapuche que fue baleado por la espalda en Villa Marcardi, en un operativo ilegal de desalojo efectuado por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Sus familiares aún se encuentran en un proceso judicial lleno de obstáculos y el principal sospechoso de disparar todavía se encuentra libre. Al día de hoy, la Lof por la que murió Rafael avista otra orden de desalojo.

Por Lautaro Palacios |

El mismo 25 de noviembre que velaban a Santiago Maldonado, desaparecido y asesinado por Gendarmería Nacional en el marco del conflicto por la recuperación del territorio mapuche, Rafael Nahuel de 21 años era fusilado por un efectivo del grupo Albatros con un balazo de plomo.

La causa por el homicidio aún se encuentra en etapa de investigación, y ya van por la tercera pericia balísitica, sumado a que el proceso se ha enlentecido debido a la pandemia del Covid-19. El principal acusado de "homicidio agravado" contra el joven era el prefecto Javier Pintos, quien hasta el día de hoy no ha recibido una sentencia firme. Sin embargo, el 14 de febrero de 2020, los jueces subrogantes de la Cámara de Roca, Alejandro Cabral, Orlando Coscia y Marcelo Grosso dictaron la falta de mérito para Pintos argumentando que no existían pruebas firmes como para procesarlo ni sobreseerlo, por lo que ordenaron una nueva pericia balística. En esta ocasión se peritarán todas las armas que portaban los efectivos el día del hecho.

Foto: Revista Cítrica

El contexto de la tragedia

Dos días antes, Gustavo Villanueva, en ese entonces el Juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, ordenaba el desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu, Villa Mascardi, en las afueras de Bariloche, atendiendo a la "denuncia por usurpación" realizada por Parques Nacionales. Durante el operativo, los efectivos del grupo Albatros ingresaron a la comunidad disparando entre 114 y 129 veces según la pericia balística, con munición de plomo y con armas de proyectiles 9 milímetros. Ailén Tapia contó a Página/12 lo que fue vivenciar los golpes, torturas y detenciones hacia las mujeres y niñes.

Estos hechos llevaron a que Rafael y otros jóvenes mapuches se dispusieran a asistir a las víctimas, incluyendo aquellas que habían escapado de la detención y se refugiaron en la montaña. En ese trayecto, fueron interceptados por el grupo de prefectos y uno de ellos atravesó de un disparo el muslo del "húeche" (joven) Rafael, quien murió luego de que sus amigos, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curuhuinca, intentaran salvarlo improvisando una camilla con ramas.

Más allá de la responsabilidad que se busca entre los prefectos, la orden por parte del Juzgado Federal de Bariloche desde un primer momento fue respaldada por la ex Ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en el marco del Gobierno de Mauricio Macri, quienes todavía no se han sentado en el banquillo de acusados.

Foto: Fundación Ceferino

Las vulneraciones continúan

Al día de hoy, la comunidad por la que Rafa murió se encuentra amenazada por una orden de desalojo impulsada por el Obispado de San Isidro. De hecho, el 21 de mayo de este año, efectivos de la Comisaría 42 ingresaron en el territorio recuperado quemando las casas de las "Cabañas Lindera" donde integrantes de la comunidad se encontraban viviendo.

En este marco de atropellos continuados, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro se pronunció en un comunicado para exigir "Memoria, Verdad y Justicia, reconocimiento del Genocidio, basta de persecución, ni un Muerto más por defender el Territorio". Abajo el pronunciamento completo:

"Acompañadas por políticas extractivistas, impulsadas por gobiernos nacionales y provinciales, inmobiliarias, petroleras, mineras y forestales se aprestan a continuar avasallando el territorio frente a la resistencia de las comunidades. La Justicia, que no reconoce el derecho indígena, niega a su vez la preexistencia de nuestros pueblos y siempre falla a favor del poder. La mayoría de quienes ejercen el poder judicial desconocen la historia del territorio en el cual pretenden aplicar una justicia monocultural, patriarcal y racista, es la muestra más contundente de que sus fallos no se ajustan a derecho ni muchos menos a una realidad devenida de un proceso de despojo y marginación de nuestro pueblo y donde el territorio continua siendo el eje principal de disputa no solo de las comunidades si no de la misma sociedad que vive en las ciudades". 

"Mientras las comunidades luchamos por nuestro derecho de volver al territorio, en las ciudades proliferan los nuevos asentamientos de gente que sin trabajo y con familias no puede pagar el precio que las inmobiliarias le ponen a la tierra. Entonces nos damos cuenta que el principal problema que atraviesa desde siempre a la sociedad es el territorio. Mientras Benetton tiene casi un millón de hectáreas que provienen de una donación del Estado Argentino a empresarios ingleses en el año 1896 y Lewis no solo tiene un Lago Escondido sino que además tiene la llave de la tranquera mientras los fallos judiciales duermen sin ejecutarse en los cajones donde las injusticias pretenden estar bien guardadas y ocultas, las comunidades pagamos el costo más caro con represión, persecución, cárcel y muerte".

"La reforma constitucional de 1994, reconoció nuestra preexistencia, como así también la necesidad de regular la entrega de Tierras Aptas y Suficientes, Titulo Comunitario de las Tierras, Consulta Libre Previa e Informada, el derecho al respeto a nuestra identidad y a la educación intercultural, preceptos escritos, pero que no se cumplen. La ley 26.160 de Emergencia en materia de Posesión y Propiedad de las Tierras Comunitarias lleva más de 14 años en vigencia, pese a lo cual, no se ha concluido el relevamiento en el país y lo que es peor se han ejecutado desalojos comunitarios pese a que el texto de la ley suspende la ejecución de los mismos. En la provincia de Río Negro la Ley Integral del Indígena N° 2.287 sancionada en 1988, se aplica en parte, los artículos más importantes que regulan la propiedad de la tierra, el reconocimiento de tierras aptas y suficientes, la comisión investigadora de entrega de títulos de tierra y el fondo de desarrollo para las comunidades no se aplican, tampoco la consulta previa, libre e informada".

"En este contexto, sentarse al diálogo con el Estado requiere de nuestra parte el mayor esfuerzo, pues nos damos cuenta que el genocidio continúa, con otros métodos, pero continúa. Más allá de poner en valor el diálogo y las palabras como herramientas de entendimiento entre dos cosmovisiones distintas, algo que los Pueblos Originarios tenemos incorporado desde siempre, exigimos que el Estado tenga Memoria, Verdad y Justicia y reconozca definitivamente que la argentina ha nacido de un Genocidio, que a su vez ha sido y es, el pilar desde donde se ha construido un país injusto y excluyente!.

Parques Nacionales es responsable!!!

La Prefectura es responsable!!!

Pintos es responsable!!!

Bullrich es responsable!!!

Macri es responsable!!!

El Estado es responsable!!!"

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Lautaro Palacios

Estudiante en la Universidad Pública. Me quiero recibir de "ser un grano en el culo". Paleontólogo frustrado. Fuera Porta.

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