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"Defender la educación pública no es delito"

📷Azul Urioste

Es una paradoja viva, que en la cuna de la Reforma Universitaria, donde se homenajea a los reformistas a metros del Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria, se lleve a juicio a estudiantes por aplicar el mismo método de protesta que permitió conseguir lo que hoy tanto apreciamos y se distingue en nuestro país: la educación superior pública.

La toma del Pabellón Argentina de 2018 no fue realizada por 27 personas, ni tampoco fue un hecho aislado al contexto político, social y económico de nuestro país. En aquel entonces el expresidente Mauricio Macri avanzaba sobre los derechos de trabajadorxs docentes y no docentes, estudiantes e investigadorxs, achicando presupuestos, perjudicando la calidad educativa, empobreciendo los salarios. Esto se sintió en todo el país, resultando 57 universidades paralizadas y 60 edificios públicos tomados en todo el país.

En Córdoba, lo que empezó como reclamos de mejoras salariales, desembocó en la solidaridad de miles de estudiantes que comprendieron que atacar al gremio docente, era también atacar al estudiantado. La organización asamblearia interclaustro fue el método para poner en común demandas y organizar reclamos, pero la potencia juvenil y estudiantil pronto se hizo con el protagonismo, iniciando la toma de distintos edificios públicos educativos, incluyendo el centro administrativo del rector Hugo Juri, quien incluso pretendió enfilarse en las movilizaciones estudiantiles ese año.

Tras 28 días de toma del Pabellón Argentina, donde la autodeterminación del estudiantado se vio atacada por los medios de comunicación hegemónicos, la actitud patotera de la gremial San Martín, la Franja Morada y docentes que prefirieron conformarse con la suba salarial, dando la espalda al estudiantado, parecía que las autoridades de la UNC atenderían los reclamos. Pero en una actitud cínica y traicionera, Hugo Juri y el Vicerrector Pedro Yanzi-Ferreyra realizaron una denuncia ante la Justicia Federal con los nombres de lxs 27, obtenidos en una "mesa de diálogo" donde firmaron un acta, presionadxs por los señores.

Ahora pareciera que el juez Bustos Fierro quiere dictar sentencia en enero 2022, cuando Córdoba se vacía y las calles -principales espacios de resistencia popular- se debilitan. Mientras tanto la Asamblea Interfacultades mantiene presencia, ya que "este juicio es político y para enfrentarlo es necesaria la más amplia unidad, movilizándonos en las calles".


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