Habitar y producir en Córdoba es cada vez más difícil

La soja en Córdoba se convierte en edificios. El crecimiento de la construcción, lejos de ser un aspecto positivo, refleja la profundización de la brecha social en el acceso al suelo y a la vivienda. La opinión de Constanza San Pedro.

Por Redacción Enfant Terrible |

🕒 8 minutos de lectura

Esta semana la posibilidad de desalojo inminente de Agustina Tolosa vuelve a poner el foco de atención sobre el problema de la tierra en la Provincia de Córdoba. Agustina es como muchas otras, una campesina de 70 años que habita en un campito al tiempo que produce lo necesario para subsistir. Este no es un hecho aislado en nuestra provincia. En Córdoba, tanto en lo que respecta a la tierra rural como a la urbana, las relaciones de espacio se caracterizan por la concentración y segregación social. Es que para los sectores privados y también para el Estado, la tierra es sólo una mercancía, un enclave fundamental para la actuación de los capitales.

Pero hablar de la tierra en Córdoba es también hablar de experiencias de organización, lucha y resistencia. Como la de Ramona Bustamante, que se paró firme en contra de los sojeros que pretendían desalojar de su vivienda. Como la de la Cooperativa 12 de Septiembre, que hizo de un terreno abandonado al sur de la ciudad un barrio en crecimiento. Como la de los vecinxs del Bordo y Parque Las Rosas, que lograron la expropiación de sus tierras por la Legislatura de Córdoba. Experiencias que es necesario recuperar a la hora de proponer mejores condiciones de acceso a la tierra para todxs lxs cordobeses.

La especulación inmobiliaria vs. el derecho a la vivienda

En las últimas décadas, en nuestra provincia el suelo urbano pasó a ser el escenario privilegiado para la producción y absorción de excedentes provenientes de la actividad primaria. Los dueños del agronegocio depositan en la producción urbana sus excedentes con el objetivo de adquirir mayores beneficios económicos. La soja en Córdoba se convierte en edificios. Y esto es posible gracias al Estado, que a través de su rol legal y mediante el ejercicio de la violencia policial garantiza la disponibilidad de terrenos para el desarrollo de los negocios inmobiliarios.

La última política de hábitat social que se implementó desde el Estado provincial es un claro ejemplo. Nos referimos al programa “Mi casa. Mi vida” del año 2003, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de este programa se construyeron 15 barrios (alrededor de seis mil viviendas) en la periferia de la ciudad,  fuera del anillo de  circunvalación. Allí se relocalizó, de manera compulsiva, a los asentamientos que se encontraban en el centro y en barrios pericentrales. Los terrenos que se “liberaron” fueron obtenidos, a muy bajo costo, por los Desarrollistas Urbanos para la construcción de su oferta inmobiliaria.

Un dato no menor es que en ese mismo año se conformó la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), una entidad corporativa dirigida a obtener respuestas gubernamentales para el acceso a terrenos. Vemos aquí cómo se da la vinculación entre el Estado provincial y los Desarrollistas Urbanos, vínculo que se sostiene en la actualidad. Los convenios urbanísticos pasaron a ser la principal herramienta en lo que respecta a la ciudad y su desarrollo. Esto no es más que una estrategia que intenta maquillar de “legalidad” a las lógicas de desplazamiento, exclusión y violencia que rigen la estructura urbana.

El crecimiento de la construcción en la ciudad de Córdoba en los últimos años, lejos de ser un aspecto positivo, refleja la profundización de la brecha social en el acceso al suelo y a la vivienda. La oferta de los nuevos inmuebles está orientada a un segmento de la población de gran capacidad de pago, que puede acceder a las líneas de crédito hipotecario públicas y privadas que no contemplan la realidad de la gran parte de la población. Es cada vez mayor el esfuerzo que lxs trabajadorxs deben realizar para acceder a una vivienda digna dentro del mercado formal.

La problemática de acceso se extiende a los sectores medios de nuestra sociedad, para quienes las condiciones para alquilar son cada vez más exigentes. Además, la variación interanual del Índice de Locación publicada por el Banco Central implica un aumento del 41% de los alquileres en relación al año pasado, pero los salarios de la mayoría de los trabajadorxs no puede cubrir ese aumento. Ni hablar de la casa propia, que es casi imposible, salvo que puedan obtener un plan de financiamiento promovido desde los Desarrollistas que, al parecer, son quienes controlan y definen la política urbana.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en el Gran Córdoba existen 133 asentamientos en los que hay alrededor de 16.884 familias que no poseen condiciones de hábitat digna, principalmente por las condiciones de las viviendas, la falta de acceso a los servicios básicos y el hacinamiento. Mientras tanto, existen alrededor de 90 mil viviendas ociosas, cifra que creció en el 2020 con la pandemia por COVID-19 y el aislamiento social.

De esta manera, por acción u omisión del Estado, se configura una ciudad signada por la segregación. Grandes loteos y barrios cerrados con servicios por un lado, y por otro, barrios ciudad y asentamientos para los sectores populares. Estos últimos no solo tienen acceso diferencial a los derechos básicos (salud, educación, servicios públicos, etc.), sino que además ven limitado su acceso al centro debido a una política de fuerte persecución y represión policial. La segmentación de la ciudad y el establecimiento de “zonas prestigiosas” trae aparejado el desigual acceso a los servicios básicos, espacios públicos, lugares de esparcimiento y disfrute.

Es claro como la inversión del Gobierno Provincial y Municipal, en materia de infraestructura urbana, está orientada por la lógica de la especulación inmobiliaria y no por el derecho social elemental a la vivienda para el desarrollo de la vida. A través del argumento de “puesta en valor” o “revalorización”, el Estado lleva a cabo obras en zonas de la ciudad (como la rivera del río Suquía) donde se pusieron en marcha grandes desarrollos inmobiliarios contribuyendo, de esta manera, con el aumento del valor del suelo que no beneficia más que al sector privado.

El modelo sojero o “la tierra es de quien la trabaja” 

El territorio argentino es uno de los más extensos a nivel mundial, pero tan solo el 8% de su población vive en zonas rurales. En las últimas tres décadas, la estructura de la tierra rural de nuestro país ha sufrido fuertes transformaciones. Concentración y desplazamiento son los sentidos que mejor describen la realidad de nuestro campo.

Entre el censo nacional agropecuario de 1988 y el de 2018, desaparecieron el 50% de los establecimientos productivos de la región pampeana. Aquí podemos hablar de una doble expansión de la frontera agropecuaria. El crecimiento exponencial del suelo utilizado para la implantación de cultivos, principalmente de soja genéticamente modificados, avanzó sobre la mayoría de las tierras productivas de nuestro país. Este aumento del suelo cultivado no se tradujo en aumento del número de productores rurales, ya que al mismo tiempo, se dio una altísima concentración de la tierra y el desplazamiento de otras actividades como la ganadera y la tambera. Digo desplazamiento y no disminución ya que estas últimas actividades mantuvieron sus cifras a partir de ocupar paulatinamente el bosque nativo.

Fotografía Enfant Terrible

La provincia de Córdoba es un claro ejemplo de esta distribución del uso del suelo rural. Hace tres décadas, de 7 millones de hectáreas implantadas, 3 millones eran de soja, maíz y  trigo. En la actualidad, esa cifra aumentó a 5.5 millones, avanzando sobre la producción de forrajes y perennes que se redujo en un 70%. Así como los pequeños productores cada vez son menos por la concentración exorbitante de tierras, también disminuye la cantidad de trabajadores rurales asalariados por la tecnificación productiva. Sin mencionar la crisis ambiental que provoca el desmonte a consecuencia del avance de la frontera agropecuaria.

La tierra en manos del agronegocio no es el único problema que tienen los productores y trabajadores rurales de nuestra provincia, también deben lidiar con los Desarrollistas Urbanos. Estos, con el objeto de ampliar su oferta inmobiliaria, negocian con los gobiernos de turno para obtener a bajo costo terreno rural y que luego se modifique el tipo de uso de suelo para poder edificar. Esta estrategia de los privados, además de avanzar sobre la tierra rural de la periferia de la ciudad, utilizadas para la producción frutihortícola principalmente, impacta sobre el valor del suelo provocando que los productores no puedan pagar los alquileres de la tierra que trabajan y terminan trasladándose a algún barrio de la periferia urbana.

Los desafíos de pensar una provincia con tierra para todxs 

Hablar de la tierra en Córdoba no es solo hablar de ellos: de los grandes Desarrollistas Urbanos, de los especuladores, de los que excluyen y segregan. Es también reconocer las estrategia que todxs lxs cordobesxs nos damos, día a día, para que nuestro derecho a la vivienda, a trabajar y producir nuestra tierra se respete y garantice. Necesitamos transformar las condiciones de acceso y habitabilidad de las mayorías, y para ello debe dejar de gobernar la lógica privatista y de generación de lucro, la lógica de la tierra como mercancía. Será fundamental que recuperemos y revisemos nuestras experiencias de organización y lucha por la tierra e impulsemos el diseño e implementación de políticas públicas.

Es primordial que las jefas de hogar censadas en el RENABAP accedan a la propiedad de la tierra que habitan. Debemos lograr que se continúe y profundice la colocación de servicios básicos para nuestros barrios populares y que se implementen obras públicas en los barrios tradicionales que han sido abandonados por obra de la especulación inmobiliaria. Tenemos que construir un plan estratégico de integración urbana. Este plan, debe incluir la inversión pública en viviendas para el pueblo, pero también, debe integrar al sector privado y a los sectores de la economía popular.

Es necesario que desde el Estado se generen políticas destinadas a proteger los cinturones hortícolas periurbanos frente al avance de los Desarrollistas Urbanos y apoyar la cooperativización de los pequeños productores. Las comunidades rurales deben ser quienes abastezcan al sector público. Y tanto las tierras fiscales como el terreno ocioso se tienen que convertir en lotes propios o arrendamientos sociales para estas.

Pensar los derechos de esta manera, permitirá atender las demandas de hábitat, pero también de empleo, es decir, dar una respuesta integral para problemáticas estructurales.

El paisaje naturalizado en las periferias de las grandes urbes y en el campo profundo, donde la precarización de la vida es extrema, tiene que revertirse. Construir para nuestra provincia y el país un Plan de Desarrollo Humano Integral debe ser una tarea prioritaria, para garantizar el derecho de quienes actualmente no acceden a viviendas dignas, de quienes son perseguidxs por trabajar la tierra. Prefigurar nuevas formas de habitar nuestro territorio es posible, así como también construir a futuro una Córdoba sin excluidos.

Por Constanza San Pedro para Argmedios.

Fotografía de portada: La Tinta.

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