Lxs presxs también votan: el derecho democrático en las cárceles

El 62% de las personas en contexto de encierro no accedieron a su derecho al voto en las pasadas elecciones. De la espectacularización del voto de lxs presxs al discurso mediático que plantea que "no deben votar". Nos preguntamos sobre las deudas del sistema educativo y penitenciario con quienes ven vulnerado su derecho a la ciudadanía.

Por Redacción Enfant Terrible |

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Desde el año 2007, las personas privadas de su libertad pueden votar. En las PASO de octubre estuvieron en condiciones de participar 62.437 personas alojadas en unidades de todo el país. Según datos del Sistema de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) en 2019 había 20.278 personas privadas de su libertad procesadas sin condena firme y 24.661 personas privadas de la libertad con condena firme en la Provincia de Buenos Aires.

El Código Electoral Nacional reconoce el derecho a votar a las personas que se encuentran cumpliendo prisión preventiva, pero no alcanza a quienes tienen una condena, con lo cual muchas quedan por fuera del padrón electoral

En la provincia, de la cantidad habilitada para votar, sabemos que ejercieron su voto 7.708 personas detenidas. Un 62% no accedió a su derecho

Esto tuvo que ver con que no contaban con su DNI actualizado o que el Servicio Penitenciario Bonaerense no había hecho, todavía, su respectiva entrega. Además, se suman a la hipótesis los casos en que SPB "no bajó” a las personas privadas de su libertad habilitadas para ejercer su derecho al voto.


En el contexto de encierro punitivo se vota mediante una boleta única diseñada por la Cámara Nacional Electoral que es aplicable a todas las cárceles. Destaca el distrito, el tipo de candidatura, la fecha de la elección y la frase “Voto por los candidatos oficializados del partido o alianza”. Asimismo, la boleta presenta tantas divisiones iguales como agrupaciones políticas compitan. En ella se identifican nombres y número de cada partido político, logos y nombres de las personas candidatas y un espacio para marcar el voto.


Por otro lado, aproximadamente el 62% de las personas encarceladas en la Provincia de Buenos Aires no ejercieron su derecho al voto. Esto tuvo que ver con que no contaban con su DNI actualizado o que el Servicio Penitenciario Bonaerense no había hecho, todavía, su respectiva entrega. Además, se suman a la hipótesis los casos en que SPB "no bajó” a las personas privadas de su libertad habilitadas para ejercer su derecho al voto.

La espectacularización de la cárcel y del ejercicio de derechos

A pesar de que aproximadamente un 62% de las personas privadas de su libertad habilitadas en el padrón electoral no accedieron a su derecho al voto en las elecciones primarias, el eje de análisis en los medios de comunicación hegemónicos se puso sobre una porción de los resultados: casualmente, en quienes dieron su voto a una candidata a partir de una campaña “sugerente”.

El portal digital del diario La Nación tituló que “Cinthia Fernández fue la segunda candidata más votada por los presos bonaerenses, detrás del Frente de Todos”


La fuerza UNITE, de la cual participó como precandidata a diputada Cinthia Fernández, panelista de Los Ángeles de la Mañana de Canal 13 sacó 770 votos contra 3203 del Frente de Todes. La diferencia entre una fuerza y otra fue muy amplia. De hecho estuvo más cerca de las otras fuerzas que de la mayoritaria: el Frente de Izquierda sacó 531 votos y Juntos 567. En tanto, 647 fueron nulos y 312 en blanco.

Aquí no pondremos el foco en los múltiples sentidos patriarcales, machismos y micromachismos que encubre esa construcción del acontecimiento, sino en los estereotipos que la noticia reproduce en torno a las personas privadas de su libertad.

Lo importante para los portales de Todo Noticias (TN), La Nación o Infobae -en orden, tal cual se viralizó la noticia- es que las personas privadas de su libertad (sobre todo los varones) votaron una figura mediática hipersexualizada. El mensaje oculto: no votaron ideas ni proyectos económicos.

Los medios, tampoco tuvieron en cuenta que la falta de acceso a la información y de espacios de formación cívica en los contextos carcelarios dificulta cualquier elección


Durante la fiscalización muchas personas privadas de la libertad nos preguntaron cómo se votaba. Muchas reconocieron que nunca lo habían hecho, ni siquiera estando en libertad. Tampoco conocían a les candidates, o a qué se estaban postulando. “¿Para qué sirve un diputado?” “¿Para qué sirve un legislador?” Son preguntas comunes cuando la educación se presenta fragmentada y tardía -si no nula-.

En las narrativas de los medios de comunicación tradicionales la cárcel configura un espacio social que llama la atención, no por el estado de crisis humanitaria en la que se encuentran las instituciones penales y las vulneraciones de derechos que padecen las personas allí alojadas, sino que la interpela en un sentido espectacular.

Así, a través de estrategias de comunicación periodística centradas en la espectacularización, buscan instalar ciertos sentidos: los presos (muchas veces representados como "bestias") eligen votar a una figura mediática no por sus ideas sino por lo que representa (sensualidad, sexualidad, erotismo, show). Consecuentemente, la gente que se encuentra privada de su libertad (“esa jauría de lobos hambrientos”) no merece votar, ya que desaprovechan su voto (“no deben votar”).


Por otro lado, el argumento ante la imposibilidad de que las personas condenadas accedan a su derecho al voto es que se trata de una forma de "castigo educativo" en materia democrática. Extraña fundamentación, considerando que previo al encarcelamiento el acceso a la educación en materia cívica o electoral fue poca sino ninguna.


En síntesis, muchos desafíos le caben a las instituciones educativas y de encierro, no sólo en términos de profundización del ejercicio de la ciudadanía democrática; de promoción del respeto de los derechos humanos; de estímulo de la formación cívica sino también y, urgentemente, de promoción de la alfabetización mediática.

Poder leer el discurso de los medios, problematizar y cuestionar esos sentidos comunes que busca naturalizar y, al mismo tiempo, poder promover la producción de narrativas alternativas basadas en una perspectiva de derecho y de género, capaces de instalar otros sentidos posibles en el reconocimiento y el ejercicio de la ciudadanía.

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