El problema del abuso policial y las muertes causadas por las fuerzas de seguridad atraviesa a todo el país. A medida que esto aumenta, también la resistencia y la organización de familiares de víctimas de gatillo fácil. Es así que un reclamo que comenzó en tres provincias -Córdoba, CABA y Mar del Plata- hoy se convoca en ocho más: Rosario, San Juan, Tucumán Mendoza, Santiago del Estero, Chubut, Bariloche y Misiones.


En Córdoba

Producto de la  violencia institucional, la lucha contra el abuso policial y el gatillo fácil ha sido uno de los temas que, al menos en los últimos 12 años, movilizó con fuerza a las organizaciones sociales de Córdoba.

La Marcha de la Gorra, nacida en el año 2007 en Alberdi, tuvo la capacidad  de hacerse masiva con el correr de los años, con una posición indudablemente combativa. En la ciudad que parece ser el paraíso de la juventud, todo está bien siempre y cuando sean inquilinxs en los barrios cercanos a Ciudad Universitaria y Nueva Córdoba.

Cotidianamente demoran a pibxs de piel oscura y ‘de gorrita’ en estos mismos barrios, lo que da el márgen para preguntarse: ¿cuál es (realmente) la juventud que sí puede circular libremente por el centro de Córdoba?

Hoy opera el ‘Código de Convivencia’, recauchutaje del polémico ‘Código de Faltas’ que legitimaba la práctica de detenciones arbitrarias y la figura del merodeo. Hoy ya no existe la figura del merodeo -aunque la imagen se sostenga en las prácticas de las fuerzas de (in)seguridad-, pero como buen recauchutaje, todo se reformula: pasamos del merodeo a la figura de ‘actitud sospechosa’.

“Los blancos pasean, los negros merodean”, la frase-brújula que dictamina quién se merece un tiro en la espalda y quién no.


Memoria

El año pasado al otro día de la Marcha contra el Gatillo Fácil, la policía cordobesa allanó 11 locales de diferentes espacios y organizaciones políticas. El hecho ocurrió días previos a la primer marcha por Santiago Maldonado.

Hecha la ley hecha la trampa: La policía tiene prohibido entrar a Ciudad Universitaria, sin embargo, el 10 de agosto le dispararon a un joven de 27 años dentro de este territorio, completando así dos casos de abuso policial entre junio y agosto  de este año.


VIOLENCIA INSTITUCIONAL, POLÍTICA NACIONAL

Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, los casos de violencia por parte de la policía han aumentado.  Los números levantados por CORREPI indican que cada menos de 25 horas hay un caso de gatillo fácil.

Durante la gestión macrista, estamos viviendo el mayor pico represivo desde la vuelta de la democracia, con 725 casos de gatillo fácil en 721 días de gobierno. Con estos números y todo, no se avergüenzan de decretar la vuelta de los milicos a la calle.


La configuración del panorama represivo

En octubre se cumple el primer aniversario de la muerte de Santiago Maldonado. Ese rostro del que tanto nos preguntamos su paradero. Desaparecido y seguido de muerte en el sur argentino, con la ministra de seguridad Patricia Bullrich a la cabeza, el caso mantuvo en tensión a la cartera que hoy diseña las (preocupantes) políticas represivas que se implementan sobre nuestro pueblo.

En medio de la tensión política que la desaparición de Santiago generó en la sociedad y por si fuera poco, un disparo por parte de la  Prefectura pone fin a la vida del mapuche Rafael Nahuel. Estos dos hechos avalados por el gobierno nacional. Dos hechos, dos muertes: ambos avalados por el gobierno de turno.

Los medios masivos de comunicación no quedan fuera de la complicidad de estos hechos. Antes de encontrar el cuerpo de Santiago, se dieron un fino trabajo de ensuciar las investigaciones, de estigmatizar la lucha mapuche, de apoyar la censura que vivieron los profesionales de la educación y de las instituciones que hicieron intervenciones para visibilizar la desaparición de Santiago. 

Quienes hoy dirigen el aparato gubernamental en Argentina, no sólo alientan explícitamente al gatillo fácil como herramienta en la “defensa a mano propia”, sino que generan las condiciones sociales para legitimarlo: ¿acaso es posible olvidar a un Mauricio Macri orgulloso del accionar de Chocobar, el asesino de Juan Pablo Kukoc, quien hoy se vuelve a integrar a las fuerzas de seguridad?

¿Acaso vamos a pretender también que lo de Facundo Ferreira nunca pasó? ¿Que un pibe de 11 años con un tiro en la cabeza nunca aconteció? ¿Que las fuerzas de seguridad, 5 meses después, no fueron a amedrentar a la familia, atropellaronn a un menor ni mataron al perro de la familia?

Aquellxs mismxs que se dicen “defensores de la vida” para posicionarse contra el aborto, son quienes condenan a la pobreza y a la muerte a lxs que ya nacieron en los barrios de las ciudades.

¿LA CÁRCEL COMO ÚNICA RESPUESTA?

Apretar el gatillo y asesinar pibxs no es el único camino para terminar con la vida de nustrxs pibxs. También abusan de su poder ejerciendo la violencia física hasta causar la muerte en esas comisarías, plantan suicidios, y en su gran mayoría las denuncias que se presentan no llegan a nada. Y a lxs que no matan, sin embargo lxs tienen en prisión preventiva durante años.

Las cárceles argentinas hoy están atravesando sobrepoblación penitenciaria. Según estudios el CELS (Centro de Estudio Legales y Sociales) entre diciembre de 2012 y mayo de 2018 la tasa de personas aumentó de 180 a 255 cada 100.000 habitantes. Las personas alojadas en comisarías se duplicó entre 2015, y 2018, lo que brinda condiciones para la tortura y la violación sistemática de los Derechos Humanos, acompañado  también condiciones pésimas de salud.

A pesar de que el sistema carcelario está colapsado, la respuesta del Estado es una baja en la edad de imputabilidad, lo que propone penalizar a nenxs desde los 14 a los 18 años, ignorando completamente los derechos de lxs niñxs.

LA CONDENA QUE VA MÁS ALLÁ DE LA CÁRCEL

La condena no sólo se paga con la libertad, sino también con la exclusión sistemática que sufren lxs pibxs de las clases populares, tanto en el campo educativo como laboral y hasta de la circulación urbana. ¿Cuáles son, entonces, las alternativas para esta juventud?

En este marco de inequidad en el acceso a oportunidades que permitan desarrollarse, se instala también el discurso del FMI y sus requisitos: recorte en gasto público, en salud, en educación. A eso hay que sumar la restricción de circulación, que mantiene al centro urbano en condiciones pseudoinmaculadas, esterilizadas contra el radio urbano cordobés y sostenidas bajo el libre prejuicio de las fuerzas de seguridad. Este sistema de gobierno no cierra sin balas y lxs pibxs lo hacen cuerpo desde hace años.

Los retratos de esos pibes morochos, que no superan los 25 años, se instala en la memoria como un tatuaje. Las madres, familiares y amigxs levantando carteles con los nombres y rostros de aquellxs víctimas de gatillo fácil saben que el duelo y la memoria son colectivas, pero también saben que la memoria se templa gracias al calor de la lucha: un fuego que se colectiviza y que no para de crecer.

¡Compartílo en las redes!

Guillermina Huarte

Estudiante de eso que le llaman comunicación social. Lesbiana y feminista con orgullo. Pelea con facilidad. Quisiera que sea verano todo el año. Desconfía y reniega de la astrología.
Cerrar