Los ultra ricos y la corpo contra la ley de aporte solidario

Los dueños de los dos medios más grandes del país, Clarín y La Nación, presentaron demandas ante la justicia para no pagar el "aporte solidario a las grandes fortunas". Si bien la ley fue sancionada en diciembre del año pasado, aún no termina de concretarse debido a la permanente esquiva de los grandes magnates de la economía argentina. En el peor momento de la pandemia quienes tienen un patrimonio -declarado- superior a los $200 millones de pesos, se niegan a aportar por única vez, un ínfimo porcentaje de su riqueza

Por Redacción Enfant Terrible |

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Héctor Magnetto, Lucio Rafael PagliaroJosé Antonio Aranda y la familia Saguier son algunos de los dueños de los principales multimedios del país que presentaron un recurso ante la Corte Suprema para evitar pagar el Aporte Solidario. Los magnates, quienes durante la pandemia aumentaron sus ganancias, demandaron a la Administración Pública Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para escamotear su responsabilidad social. Además, entre los demandantes figuran el futbolista de Boca Juniors, Carlos Tévez Nicolás Caputo  o Mario Ludovico Rovella, de la constructora Rovella Carranza.

Todos ellos presentaron este jueves demandas ante la justicia de cara al primer vencimiento del pago del aporte. A pesar de que la contribución podía suscribirse a un plan de pago de hasta seis cuotas mensuales, a una tasa que ronda el3% y diferir el ingreso hasta fin de mes, estos empresarios se negaron a contribuir una mínima parte de sus ganancias, las cuales aumentaron durante la pandemia, y que además se cobran en pesos.

Una mezquindad que, si bien no sorprende, debería ser inaceptable por el momento de crisis económica y sanitaria que atraviesa no sólo el país, sino también el mundo. Cabe aclarar que las medidas de recaudación económica a través de impuestos a las personas más ricas de los países, están siendo discutidas y aplicadas globalmente. Ante la dificultad por parte de los gobiernos para costear los enormes gastos económicos que implica la pandemia del coronavirus, la imposición de tributaciones supone una decisión bastante justa para afrontarlo.

La ley sancionada en nuestro país en diciembre del año pasado, alcanza nada más que a 12.000 personas físicas, a pagar el aporte extraordinario. La norma prevé que quienes tengan un patrimonio declarado superior a los $200 millones les corresponde el cobro de una tasa entre el 2 y el 2,5%. Es decir, quienes están intimados a aportar son personas millonarias, que representan una proporción mínima de la sociedad. Se estima que, entre un 10 y un 15% de ellos recurrirá a la justicia para evitar concretar el pago.

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